La calidad de la regulación en telecomunicaciones define, en la práctica, la velocidad con la que un país despliega infraestructura, incorpora tecnología, fortalece la competencia y reduce brechas digitales.
En un sector intensivo en capital y de innovación acelerada, en la que las telecomunicaciones tienen un rol habilitante para productividad, educación, seguridad e inclusión; la regulación incide directamente en la sostenibilidad de la inversión y en la calidad de los servicios; por eso, el reto de Ecuador no es “regular más”, sino regular mejor: con evidencia, proporcionalidad y transparencia, dentro de un ciclo de mejora continua. En este marco, el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) se consolida como herramienta central para alinear objetivos públicos con resultados verificables. La efectividad del regulador se mide por su capacidad real de resolver problemas públicos y proteger derechos sin generar cargas innecesarias ni efectos adversos: regular mal tiene costos altos y acumilativos pues encarece despliegues, aumenta la conflictividad, introduce incertidumbre, duplica trámites y crea obligaciones difíciles de verificar y cumplir. Para que Ecuador convierta su agenda digital en resultados concretos, se requiere un estándar más exigente de calidad regulatoria, con reglas orientadas a resultados, métricas verificables, evidencia ex ante (AIR) y aprendizaje ex post y correcciones oportunas.
Desde la perspectiva del sector, las decisiones que afectan redes, espectro, infraestructura y servicios digitales que tienen efectos económicos y sociales significativos, no deberían adoptarse sin un análisis riguroso de costos, beneficios, riesgos y alternativas. La experiencia internacional muestra que cuando el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) se institucionaliza como parte del ciclo regulatorio —junto con consulta pública efectiva y evaluación ex post— se generan marcos más estables, previsibles y favorables a la inversión, sin renunciar al interés público. El AIR no es un obstáculo: es el método para tomar mejores decisiones, porque obliga a precisar (i) el problema que busca resolver, (ii) el objetivo público, (iii) los indicadores verificables que evidenciarán el cambio esperado; y, (iv) el mecanismo de evaluación para concluir si la norma funcionó, evitando normas que “ordenan” sin demostrar prioridad, sin identificar causas o sin justificar que la opción elegida es la más proporcional, menos costosa y efectiva frente a otras alternativas.
En ese sentido, el AIR no parte de la premisa de que regular sea siempre la respuesta ni debe convertirse en un documento que “justifique” decisiones normativas ya tomadas; por el contrario, es ante todo, un método que ordena la toma de decisiones públicas. Implica identificar el problema con evidencia, analizar genuinamente alternativas regulatorias como no regulatorias— autorregulación, códigos de conducta, estándares técnicos, guías, ajustes de procesos existentes; incluida la opción de no regular—, estimar impactos (costos, beneficios y distribución de cargas), validar supuestos mediante información y participación, y seleccionar la opción más proporcional y efectiva. En telecomunicaciones, esto supone cuantificar, en la medida de lo posible, los costos de cumplimiento para operadores, proveedores y autoridades, así como los beneficios esperados para usuarios y sociedad. También exige incorporar el costo de oportunidad asociado a retrasos en el despliegue —menor cobertura, menor calidad, pérdida de productividad y brechas territoriales persistentes—, de modo que las decisiones estén alineadas con el desarrollo digital y eviten intervenciones innecesarias. Incorporar esa dimensión permite decisiones más equilibradas y alineadas con el desarrollo digital, evitando regulaciones innecesarias y focalizando esfuerzos donde el problema realmente existe.
Este enfoque no es aislado ni coyuntural; responde a estándares consolidados de gobernanza regulatoria promovidos internacionalmente. La OCDE ha establecido que la calidad normativa exige criterios de necesidad, proporcionalidad, coherencia y transparencia, respaldados por herramientas metodológicas como el AIR que aseguren decisiones fundamentadas. En el ámbito sectorial, la UIT ha impulsado el modelo de “regulación colaborativa” y el uso de instrumentos como el AIR y marcos adaptativos[1] para acompañar la innovación tecnológica sin desnaturalizar los objetivos públicos, desarrollando incluso guías, listas de verificación y ejemplos específicos para su aplicación en el sector TIC. A nivel regional, la CITEL (OEA) ha reconocido esta metodología como una capacidad regulatoria prioritaria y ha promovido su adopción entre los reguladores de las Américas, lo que confirma que se trata de una práctica alineada con la realidad y necesidades de la región.
En telecomunicaciones, donde existen altos costos hundidos y largos horizontes de recuperación, el impacto de decisiones regulatorias mal diseñadas puede ser significativo: requisitos técnicos innecesarios, tasas desalineadas de costos reales, trámites excesivos o descoordinación normativa pueden retrasar despliegues, encarecer servicios y afectar al usuario y la competitividad territorial. El AIR permite identificar riesgos antes de la entrada en vigencia, comparar opciones y considerar incluso la alternativa de no regular si el problema puede resolverse con autorregulación, estándares o mejor aplicación de reglas existentes.
Por ello, además de una evaluación previa rigurosa, resulta indispensable fortalecer la gobernanza del proceso regulatorio a través de: revisión técnica independiente de los análisis para evitar que el AIR se convierta en autovalidación, lineamientos metodológicos claros incluso con plantillas estandarizadas, criterios consistentes para mejorar la comparabilidad, consulta pública estructurada y transparencia en la motivación de decisiones. El ciclo debe cerrarse con evaluaciones ex post programadas, con indicadores definidos, análisis de si la regulación generó efectos no previstos y publicación de resultados, permitiendo ajustes basados en evidencia; volviendo a la regulación un sistema vivo y mejorable; evitando acumulación de reglas ineficientes, obsoletas o inaplicables. Para que este sistema funcione, es condición habilitante contar con información sectorial confiable, indicadores estables y herramientas analíticas que orienten las obligaciones hacia donde efectivamente existen problemas, evitando acumulación normativa y promoviendo una regulación dinámica y responsable.
Ecuador dio un paso relevante al formalizar la política de mejora regulatoria y la metodología del AIR bajo la rectoría del MPCEIP, estableciendo una matriz para determinar su aplicabilidad ex ante, un mecanismo de validación metodológica y supuestos de excepcionalidad. Sin embargo, la práctica ha evidenciado un riesgo institucional: que la excepción termine convirtiéndose en regla y que el “mandato legal para regular” se interprete como una dispensa para evaluar impactos. Si esta lógica se consolida, la mejora regulatoria podría vaciarse de contenido precisamente en las decisiones más relevantes.
El caso de la “Norma técnica para el Despliegue, Ordenamiento y Mantenimiento de Redes Físicas aéreas de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y operación de redes privadas” ilustra esta tensión. ARCOTEL calificó la propuesta como “no necesidad de AIR”, argumentando que el ordenamiento ya estaba previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y que los ajustes a la normativa vigente expedida por dicho mandato legal no generaban costos adicionales; el MPCEIP confirmó esta interpretación bajo la excepcionalidad 1 del artículo 21 del Acuerdo 2024-0079-A, con sustento en el artículo 9 de la LOT. Más allá del caso concreto, el problema es estructural: si toda regulación técnica derivada de una habilitación legal se considera exenta, quedarían fuera del análisis ex ante justamente las normas con mayor impacto en infraestructura, despliegue, obligaciones técnicas y coordinación territorial, es decir, regulaciones con capacidad de afectar inversión, tiempos, costos y continuidad del servicio. La habilitación legal no debe operar como salvoconducto, sino como un estándar más alto de responsabilidad: cuando la ley ordena regular, la administración debe asegurar que el diseño sea proporcional, verificable y sustentado en evidencia. Además, dado que la calificación de la excepcionalidad recae en ARCOTEL, existe un espacio para fortalecer criterios, consistencia y rendición de cuentas, sin desnaturalizar la política pública de mejora regulatoria.
En suma, una regulación basada en AIR ex ante y ex post, permite pasar de una lógica reactiva a una preventiva y estratégica, reduce la incertidumbre y crea condiciones para que la inversión fluya y las redes se desplieguen. La regla de oro es simple: toda regulación debe definir qué problema resuelve, qué éxito persigue y cómo se medirá. Interpretar que “no hace falta AIR porque ya está en la ley” vacía de contenido la mejora regulatoria y deja sin evaluación sustantiva decisiones críticas para el sector. El mandato legal no exime del análisis; lo exige con mayor rigor. Esa es la diferencia entre regular para cumplir formalidades y regular para lograr conectividad, competencia e inversión sostenible.
[1] https://www.itu.int/itu-d/meetings/gsr-24/wp-content/uploads/sites/24/2024/08/GSR-2024_BestPracticeGuidelines.pdf