La calidad de la regulación en telecomunicaciones influye en la velocidad con la que un país despliega infraestructura, incorpora tecnología, fortalece la competencia y reduce brechas digitales.
En un sector intensivo en capital, con innovación acelerada y largos plazos de recuperación de las inversiones, la regulación incide directamente en la sostenibilidad de los proyectos y en la calidad de los servicios. Sus efectos trascienden al sector: las telecomunicaciones habilitan la productividad, la educación, la seguridad y la inclusión. Por ello, Ecuador necesita reglas previsibles, proporcionales y transparentes, sustentadas en evidencia y sujetas a mejora continua.
Desde ASETEL, consideramos que cada obligación debe responder a un problema identificado, justificar sus costos y demostrar cómo contribuirá al objetivo público que persigue. Requisitos técnicos innecesarios, trámites excesivos o decisiones descoordinadas pueden retrasar despliegues, duplicar inversiones y comprometer recursos sin generar los beneficios esperados para la ciudadanía.
El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) permite anticipar estos efectos. Su aplicación exige definir el problema, comparar alternativas —incluidas opciones no regulatorias— y evaluar sus costos, beneficios y riesgos para ciudadanos, empresas e instituciones públicas. Debe realizarse antes de adoptar la decisión, cuando todavía es posible modificar su diseño, y evitar convertirse en una justificación de medidas previamente escogidas.
El análisis también debe verificar las condiciones reales de implementación. Cuando el resultado depende de varias entidades, es indispensable considerar sus competencias, recursos, preparación técnica y coordinación. Exigir inversiones a una parte del sistema sin asegurar que las demás puedan cumplir sus funciones puede impedir que el servicio o beneficio previsto llegue a la población.
Ecuador avanzó al formalizar la política de mejora regulatoria y la metodología del AIR bajo la rectoría del entonces MPCEIP, con instrumentos para determinar su aplicabilidad, validar los análisis y establecer excepciones. Sin embargo, preocupa que el mandato legal de regular se interprete como una razón suficiente para prescindir de la evaluación de impactos. Esa interpretación puede debilitar la política precisamente en las decisiones de mayor relevancia económica y social; vaciando de contenido a la mejora regulatoria.
El caso de la “Norma técnica para el Despliegue, Ordenamiento y Mantenimiento de Redes Físicas aéreas de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y operación de redes privadas” ilustra esta tensión. ARCOTEL calificó la propuesta como de “no necesidad de AIR”, argumentando que el ordenamiento estaba previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y que los ajustes no generaban costos adicionales. El MPCEIP confirmó esta interpretación al amparo de la excepcionalidad 1 del artículo 21 del Acuerdo Ministerial MPCEIP-2024-0079-A, con sustento en el artículo 9 de la Ley.
La preocupación de ASETEL trasciende este caso: extender ese criterio a toda regulación derivada de un mandato legal podría dejar sin evaluación previa decisiones que afectan infraestructura, inversiones, plazos y continuidad del servicio. Que una ley disponga regular no determina por sí mismo cómo diseñarla, qué requisitos técnicos, mecanismos de cumplimiento o plazos son los más adecuados. Estas decisiones requieren sustento propio, y la existencia de costos adicionales debe examinarse con evidencia. Las excepciones al AIR deben aplicarse con criterios claros, motivados y verificables, preservando el propósito de la mejora regulatoria.
Las herramientas internacionales ofrecen una base para fortalecer este proceso. La OCDE desarrolla principios para integrar el AIR en la toma de decisiones; la UIT ofrece orientaciones para el sector TIC y promueve la colaboración institucional; y la CITEL impulsa buenas prácticas regionales de mejora regulatoria en beneficio de los usuarios.
Para ASETEL, su aplicación debe traducirse en análisis proporcionales al impacto de cada medida, revisión técnica de su calidad y consultas públicas oportunas, acompañadas de respuestas motivadas a los aportes recibidos. También requiere planes de implementación que definan responsables, recursos y plazos, así como indicadores que permitan evaluar posteriormente si la regulación cumplió su objetivo, qué costos produjo y qué ajustes necesita.
La calidad regulatoria debe medirse por los resultados que genera. Toda regulación debe explicar qué problema resuelve, qué beneficio persigue y cómo se comprobará. Institucionalizar este ciclo de análisis previo, participación y evaluación posterior permitirá reducir la incertidumbre, corregir obligaciones ineficaces y ofrecer condiciones más previsibles para la inversión.
Para que Ecuador convierta su agenda digital en resultados concretos de conectividad y desarrollo, necesita un estándar más exigente de calidad regulatoria, sustentado en el análisis de impacto ex ante, la evaluación ex post y las correcciones oportunas. Este enfoque permite anticipar riesgos, reducir la incertidumbre y crear condiciones para la inversión y el despliegue de redes. Toda regulación debe definir qué problema resuelve, qué resultados persigue y cómo se medirán.
